Los diez años del Gobierno de Evo Morales pasarán a la historia como la década perdida para la justicia. En el primer quinquenio y a título de descolonizar la justicia, el MAS se ocupó de liquidar violentamente la institucionalidad judicial.
Toda su artillería estuvo dirigida en contra del Tribunal Constitucional, porque sabía que este órgano podía controlar y de alguna manera frenar su angurria de poder (la Corte Suprema siempre estuvo subordinada).
Toda esta guerra comenzó descalificando a la institución y luego se pasó al hostigamiento público hasta promover que grupos afines al partido gobernante hayan tomado e incendiado parte de sus instalaciones en Sucre.
En poco tiempo se pasó del hostigamiento e intimidación al juicio de responsabilidades a los magistrados hasta defenestrarlos, y así el Gobierno tenía vía libre para concentrar todo el poder en el Órgano Ejecutivo e imponer su programa de Gobierno y eliminar a la oposición política.
En el Informe Anual de Labores ―gestión 2006-2007―, el TC denunciaba las sistemáticas amenazas, intimidaciones y hostigamientos de los grupos denominados Ponchos Rojos, así como los ataques perpetrados por 4.000 mineros que destrozaron con dinamitazos parte de la fachada del Edificio, sin que las fuerzas del orden hayan tomado medidas para evitarlo por no estar autorizadas a reprimir ningún movimiento social, dejando desprotegida a una entidad estatal.
En el segundo quinquenio se esperaba que la Asamblea Constituyente cambie todo este cuadro y lo que hizo fue darle el tiro de gracia.
La nueva Constitución diseñó la elección de las principales autoridades judiciales, cambió el nombre a los mismos tribunales, perforó el Consejo de la Magistratura (le quitaron la atribución administrativa) y así el remedio resultó peor que la enfermedad: los problemas estructurales del sistema judicial no se han resuelto y más bien se han incrementado llegando al colapso judicial.
La falta de independencia, autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, además de cambiar los viejos paradigmas judiciales, son algunos de los grandes desafíos que tiene que resolver el Estado (la justicia es una de sus principales funciones), para comenzar un verdadero proceso de cambio y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.
Hay que precisar que el cambio para que tenga algún impacto tiene que ser sistémico e integral que comprenda aspectos políticos, económicos, e institucionales y comprometer a los órganos del poder público y la sociedad en su conjunto. Además resulta imprescindible un liderazgo político, que se apropie de las reformas, haga seguimiento y los ajustes que sean necesarios.
Con la finalidad de buscar soluciones, no obstante, el presidente Evo Morales ha fijado para el 16 y 17 de abril la Cumbre Judicial. Sin embargo, dada la experiencia que se tiene con el tema de la “inseguridad ciudadana” donde han existido varios encuentros y los participantes se limitan a intentar deslindar sus responsabilidades (que siempre serán compartidas), consideramos que hacer una “Cumbre Judicial” no resolverá los grandes problemas del sistema judicial, salvo que haya voluntad política y se aborde esta crisis con un mínimo de seriedad.
Por ello, pese a todos los augurios del oficialismo, seguimos escéptico y dudamos que en dos días se resuelvan los problemas estructurales que no han podido o no han querido resolver en 10 años. Y es que en el fondo al Gobierno no le conviene tener un Órgano Judicial fortalecido, independiente e imparcial y blindado a las influencias internas y externas, capaz de garantizar los valores democráticos, los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, etc.
En la medida en que se posterguen las medidas que se necesitan con urgencia, y sigamos con un Órgano Judicial débil y enclenque, se incrementará la corrupción, la impunidad y la inseguridad ciudadana y jurídica.
Todo esto supone mayor violencia en las calles y menos inversión porque muy pocos querrán trasladar sus capitales donde no hay unas condiciones mínimas que les garantice trabajar, producir y reproducir el capital, y si no se protege la inversión nacional y extranjera no habrá crecimiento ni desarrollo ni fuente de empleo y así estaremos muy lejos de luchar efectivamente contra la pobreza
Publicado en El Deber
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